Santo Domingo.– Más de una veintena de médicos y personas vinculadas al sector salud figuran bajo investigación del Ministerio Público dentro de la operación Cobra 2.0-A.
El expediente atribuye a los imputados participación en un esquema que habría generado 4,363 autorizaciones médicas fraudulentas por más de RD$41.1 millones, utilizando datos de afiliados de SeNaSa para cobrar procedimientos y consultas que, según la acusación, nunca fueron realizados.
La investigación tomó mayor fuerza la madrugada del viernes, cuando fiscales y agentes policiales ejecutaron allanamientos simultáneos en cinco demarcaciones, dejando inicialmente 28 personas arrestadas.
De ese grupo, el Ministerio Público presentó solicitud de medida de coerción contra 25 personas, entre ellas médicos, ex empleados de SeNaSa y otros vinculados al supuesto entramado.
- El Ministerio Público atribuye al esquema más de RD$41.1 millones en autorizaciones fraudulentas.
- La acusación incluye médicos, ex empleados de SeNaSa y personas vinculadas al sector salud.
Cobros por servicios que pacientes dicen no haber recibido
Según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la mayoría de los investigados habría facturado a SeNaSa por pacientes y procedimientos médicos que no fueron realizados, afectando tanto los fondos de la aseguradora como la cobertura disponible para los afiliados.
El expediente sostiene que miembros del grupo utilizaban códigos reales de médicos para solicitar autorizaciones y que los profesionales que los facilitaban recibían beneficios por consultas y procedimientos no realizados.
Los fondos, según la acusación, eran luego distribuidos entre integrantes de la estructura.
La investigación también apunta a que fueron utilizados datos reales de afiliados que no habían solicitado ni recibido los servicios médicos reclamados.
El Ministerio Público asegura que entrevistó a pacientes que negaron haber recibido esos procedimientos y, en algunos casos, dijeron que tampoco conocían a los médicos cuyos nombres aparecían vinculados a las facturaciones.Uno de los hallazgos señalados en el expediente es que llegaron a registrarse consultas ginecológicas a afiliados masculinos. En uno de los casos citados, las autoridades atribuyen a una doctora reclamaciones médicas realizadas a nombre de un hombre por condiciones y procedimientos ginecológicos.
La acusación además sostiene que fueron falsificadas firmas de afiliados para respaldar reclamaciones. Según el documento, informes periciales del Inacif habrían confirmado falsificaciones en formularios utilizados dentro del esquema.
Entre los médicos mencionados en el expediente figuran José Luís Díaz Hernández, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Marcelino Eusebio Figuereo, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Juan Henry Poueriet, además de otros profesionales de distintas especialidades.
También son señalados cirujanos generales, internistas y otros especialistas. La solicitud de coerción identifica formalmente a varios de ellos como imputados dentro de la operación Cobra 2.0-A.
Allanamientos, defensas y el origen de la investigación
Uno de los allanamientos ocurrió en un residencial de Los Alcarrizos, donde las autoridades buscaban a la doctora Yocaira Méndez Beltré. Durante el procedimiento, los agentes entraron inicialmente al apartamento equivocado y sacaron esposado a un adulto mayor, quien regresó al residencial luego de que se comprobara la confusión.
Abogados de algunos de los médicos cuestionaron la forma en que se realizaron los arrestos. La defensa de Juan Henry Poueriet sostuvo que su representado tenía domicilio conocido, se mantenía trabajando y había tenido acercamientos previos con el Ministerio Público, por lo que entendían que pudo haber sido citado sin necesidad de un allanamiento.
En el caso de la doctora Laura Santana, su abogado explicó que, según la versión de su clienta, una persona se habría acercado a ella alegando que otro médico estaba enfermo y necesitaba que le facilitaran un código para realizar reclamaciones.
La investigación se remonta a una denuncia presentada por SeNaSa en noviembre de 2024, luego de detectar irregularidades en autorizaciones de procedimientos y consultas médicas.
De acuerdo con la Pepca, dentro del esquema se utilizaban nombres ficticios al llamar al centro de atención, entre ellos “Pedro Martínez”, “Ángel Beltré” y “Amauris Gutiérrez”, con la finalidad de ocultar la identidad de quienes solicitaban las autorizaciones.
El expediente atribuye un papel central a Ángel Luís Guzmán Vásquez, ex auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas de SeNaSa, quien habría utilizado su conocimiento de los protocolos internos junto a familiares y otros colaboradores para tramitar autorizaciones con datos de afiliados que no habían solicitado los servicios.
«El Ministerio Público solicitó prisión preventiva y la declaratoria del expediente como caso complejo, mientras continúa la investigación para determinar el nivel de responsabilidad individual de cada uno de los imputados».
El expediente sostiene que las maniobras se realizaron utilizando llamadas al centro de atención de la aseguradora y que las autorizaciones posteriormente no eran reconocidas por los afiliados.