Los militares y civiles implicados en la “Operación Lobo” recibieron más de 108 millones de pesos mediante transacciones bancarias y en efectivo, por concepto de pagos de sobornos que les hicieron para la contratación de seguridad privada en diferentes instituciones públicas del país.
Conforme a la acusación presentada ayer por el Ministerio Público por ante la Oficina de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, dichos militares y civiles eran funcionarios de las empresas públicas afectadas. Se les acusa de recibir los sobornos de parte de empresas de seguridad privadas.
Las empresas afectadas son Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase), EdeSur, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), EdeEste y EdeNorte Dominicana, S.A, entre otras.Las investigaciones establecieron que la empresa Senase, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, pagó sobornos a funcionarios de las citadas instituciones públicas, que fueron tomadas por la estructura criminal para drenar consuetudinariamente fondos públicos.
Esos pagos ilícitos se realizaron mediante distintas maniobras o modalidades, incluyendo transferencias bancarias y por entrega de dinero en efectivo, las que tenían como finalidad asegurar la permanencia de los contratos adjudicados a la empresa acusada Senase.
Los funcionarios acusados, responsables de supervisar el cumplimiento de los contratos y garantizar la correcta ejecución de los servicios contratados, recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los contratos sin objeciones ni fiscalización efectiva.
El expediente indica que este esquema de corrupción institucionalizada permitió a las empresas acusadas operar con impunidad, beneficiándose de fondos públicos.