El primero fue el de Darlin Mercado, de 19 años, el 3 de julio de 2026, quien murió tras ser impactado por una bala disparada por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante una intervención policial en la Cañada de Guajimía, de Herrera.
Las imágenes del incidente provocaron una fuerte indignación pública, incluyendo la del presidente de la República, Luis Abinader, quien dijo que: "el agresor no puede llamarse policía porque es animal, es un anima".
El Ministerio Público calificó inicialmente el hecho como homicidio voluntario y solicitó prisión preventiva contra el agente.Cruz Cruz visitó al padre de la víctima y prometió que el caso no quedaría impune y que habría una sanción ejemplar. Posteriormente, cambió al comandante operativo de Santo Domingo Oeste.
Otro caso que por igual conmocionó a la población lo fue el del señor Miguel Antonio Valenzuela, de 44 años, quien falleció el 8 de julio de 2026 en un hospital tras haber permanecido detenido ilegalmente por cinco días en el destacamento central de San Cristóbal.
Valenzuela fue arrestado por venta ilegal de números de loterías y lo mantuvieron preso cinco días sin someterlo a la justicia, en violación al plazo constitucional de 48 horas para que un arrestado sea libertado o sometido.Con esta acción, la Policía violó el artículo 40, inciso 5 de la Constitución, el cual prohíbe mantener a una persona arrestada por más de 48 horas sin presentarla ante la autoridad judicial.
Los familiares denunciaron que el ciudadano entró al destacamento caminando en buen estado de salud, pero se lo entregaron moribundo, con moretones, los labios destrozados y vomitando sangre.
Los parientes acusaron directamente al capitán de la Policía Nacional, José Luis Lorenzo, por el fallecimiento y señalaron por presunta negligencia a la fiscal Ana Vásquez.La autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que murió por leptospirosis; sin embargo, un análisis clínico previo de un laboratorio privado certificó que el hombre no padecía dicha enfermedad.
El artículo 4, inciso 5 de la Constitución de la República dice de manera textual: “Toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro de las 48 de su detención o puesta en libertad.
La autoridad judicial competente notificará al interesado, dentro del mismo plazo, la decisión que al efecto se dictare”.
A mediados de junio también se produjo la muerte de Marky Abraham García Gil, alias (Maiky), en el sector Hatico, en La Vega, durante un hecho considerado por la población como una ejecución policial.La muerte de García Gil generó atención pública luego de que trascendiera que, al momento del hecho, este habría levantado las manos en señal de rendición ante los agentes actuantes.
Según versiones difundidas, los policías habrían ignorado el gesto y posteriormente le dispararon. También se reportó que el cuerpo fue retirado del lugar y colocado en un callejón.
En esa ocasión, la Policía informó que los organismos de control interno de la institución mantienen un seguimiento directo a la muerte de García Gil.
El vocero de la institución, Diego Pesqueira, aseguró para la ocasión que las investigaciones se desarrollaban en coordinación con el Ministerio Público con el propósito de esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente.
"Los organismos de control internos están dando seguimiento de una manera directa al caso y en coordinación con el Ministerio Público", expresó Pesqueira durante un encuentro con la prensa.
Sin embargo, el caso hasta la fecha no ha sido esclarecido de manera fehaciente.