Santo Domingo.-El sacerdote católico Norberto Rosario Ovalle cuestionó la proliferación de bancas de apuestas y “tragamonedas” en su comunidad y aseguró que no es posible controlar ese negocio, porque el Congreso Nacional "está lleno de riferos, galleros y patrocinadores de juegos de azar".
Aseguró que, por esa situación, no se aplica la ley que regula de forma integral el sector de los juegos de azar en el país, aprobada por el Congreso el 16 de este mes.
Censuró la existencia de bancas de lotería cerca de iglesias, escuelas, hospitales y otras instituciones públicas."Aquí hay cosas que son increíbles", manifestó durante una homilía el religioso que ejerce el sacerdocio en la parroquia San Francisco de Asís, en el municipio de El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.
Indicó que es increíble que quienes hacen las leyes, también participen en los negocios de juegos de azar.
"Nadie puede ser juez y parte. En un negocio nadie puede ser parte del que toma las decisiones sobre el negocio y además tener representación del negocio", manifestó refiriéndose a los legisladores que dice son parte de ese entramado.
¿Cómo se llama eso usando una palabra fina? Colusión de intereses, "que en un negocio en el que yo participo, yo también soy el que ayuda a hacer la ley. Es un asunto muy triste eso", indicó el sacerdote.
Rememoró los años de las décadas de los años 80 y 90, cuando el Congreso Nacional era ocupado por intelectuales y políticos prestigiosos, como el exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Hugo Tolentino Dip.
"Cuando ese hombre presentaba un proyecto, tenía un discurso. Es decir, no era un chapucero cualquiera", dijo."Y así podemos mencionar grandes hombres y mujeres de otra época, los años 80 y 90, que eran verdaderos legisladores".
"Ahora no. Ahora tenemos el congreso lleno de riferos, galleros y patrocinadores de juegos de azar", precisó.
Indicó que esos legisladores propician el vicio y el juego, que involucran a menores de edad.
La ley que regula los juegos de azar fue elaborada por el Poder Ejecutivo, crea un marco regulatorio para supervisar la actividad de los juegos de azar y combatir la operación de bancas y rifas clandestinas, una práctica que las autoridades consideran una fuente de evasión fiscal y competencia desleal.