La solicitud busca determinar la existencia real de los recursos y su disponibilidad para retiro por parte de los propietarios.
El jurista advirtió que, en caso de no recibir respuesta en un plazo de diez días, interpondrá una acción legal ante el Tribunal Superior Administrativo.
Según López, la entidad cuenta con más de 200 mil socios y genera ingresos anuales de aproximadamente 6 mil millones de pesos.
Tras una revisión del funcionamiento de la cooperativa, señaló presuntas violaciones a la Ley 127-64 sobre asociaciones cooperativas, al sostener que los excedentes se acreditan a fondos restringidos donde los afiliados no tienen libre disposición de los recursos.
El representante legal cuestionó que los estados financieros muestren resultados favorables sin un impacto directo en el nivel de vida de los docentes.
Explicó que la normativa exige un cierre anual de beneficios que permite a los socios decidir el retiro, inversión o uso de sus excedentes según sus necesidades personales y familiares.
Asimismo, López denunció los montos salariales percibidos por funcionarios de la institución.
Indicó que Julito Fulcar devenga 306 mil pesos mensuales como asesor, que la esposa de Roberto Fulcar recibe 600 mil pesos y que el gerente general, Lucas Figueroa, percibe un salario de 800 mil pesos.
El abogado reiteró que la acción legal pretende transparentar el manejo financiero de la cooperativa y garantizar que los ahorros de los maestros estén accesibles para cubrir sus necesidades esenciales.