Santo Domingo. El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) instó a revisar los protocolos actuales contra la delincuencia, al tiempo que sugirió fortalecer las estrategias de prevención y protección ciudadana.
Esta solicitud surge tras los recientes hechos de violencia en los que más de 30 alegados delincuentes han perdido la vida en “intercambios de disparos” (código 29).
La entidad sostuvo que los últimos acontecimientos exigen respuestas que superen la simple reacción pública, tras señalar la necesidad de demandar medidas concretas que incluyan el seguimiento continuo a situaciones de riesgo y un estricto cumplimiento del deber por parte de las instituciones responsables del orden y la seguridad.
La entidad religiosa consideró fundamental esclarecer las circunstancias de los hechos mediante una investigación transparente e independiente, que permita determinar las responsabilidades correspondientes y garantice el debido proceso.
La entidad señaló que las denuncias o los presuntos antecedentes delictivos de los involucrados no eliminan sus derechos fundamentales y que las actuaciones de los organismos de seguridad deben desarrollarse dentro del marco de la ley, con respeto a la vida y a la integridad de las personas.
Destacó la importancia de evaluar la continuidad del acompañamiento institucional a ciudadanos que enfrentan situaciones de violencia, incluso después de que se hayan producido denuncias o intervenciones judiciales.
El Codue advirtió que la protección efectiva no puede limitarse a responder cuando ocurre una agresión, sino que requiere identificar señales de riesgo, dar seguimiento a las víctimas y garantizar el acceso oportuno a servicios de atención psicológica y protección social.
La organización también llamó a promover modelos de crianza basados en el respeto, el diálogo y la disciplina sin violencia, al considerar que el entorno familiar desempeña un papel esencial en la formación emocional y social de niños y adolescentes.
Planteó que las familias, las escuelas, las iglesias y las organizaciones comunitarias deben fortalecer sus mecanismos de detección y denuncia del maltrato, así como desarrollar iniciativas de orientación familiar y convivencia pacífica.